El 8 de marzo el Tribunal de la UE rechazó el sistema jurisdiccional de la patente comunitaria trilingüe (inglés, francés y alemán) propuesto por la Comisión Europea pero eso no ha sido suficiente para que dicha Comisión haya acordado segur adelante con la creación de la misma mediante el sistema de cooperación reforzada de 25 de los 27 estados, quedando solo fuera España e Italia, que no se han sumado al consenso alegando, y con razón, que dicha propuesta de gestión de las patentes perjudica a las empresas hispanas y transalpinas.
Nadie pone en duda que es preciso contar con patente comunitaria única para poder hacer frente a los retos de la globalización y luchar, a nivel empresarial e innovación en pie, de igualdad con USA, China, Japón o India. Una patente única simplifica trámites y reduce costes. Pero la vía propuesta crea categorías entre países y empresas y atenta contra el principio e igualdad de propugna de la UE.
Cuando este proceso arrancó, ya hace tiempo, alemanes y franceses se negaron a renunciar al uso de sus idiomas y boicotearon la posibilidad de que la patente europea solo fuera en inglés. Ahora, estos mismo no aceptan como válidos los argumentos que esgrimen italianos y españoles y que fueron los suyos en su día.
España hace bien al no aceptar que otros países, en principio socios comerciales y políticos, busquen en la legislación ventajas competitivas frente a nosotros. El consenso entre los grandes grupos políticos españoles en esta materia es fundamental ya que hay mucho en juego.
A la vez que se desarrolla esta batalla política de primer nivel hay que dejar claro que el hecho de que España no se sume a la patente comunitaria no impide que las empresas españolas puedan solicitar la Patente Comunitaria de los 25 . Es más, mi consejo es que así deben hacerlo.
Hay una inequívoca relación entre la competitividad y la capacidad de un país de acceder y analizar de modo ágil la información tecnológica. Es por esta razón, que si España hubiera aceptado el sistema lingüístico de la patente comunitaria propuesta por franceses y alemanes, nuestras compañías sólo tendrían acceso aproximadamente al 1% de las patentes comunitarias accesibles en su idioma mientras que los franceses y alemanes tendrían el 100%.
Es inverosímil que una patente que va a ser válida en España no deba traducirse al español pues se dificultarían e incrementarían enormemente los costes en I+D y de oportunidad de las empresas españolas y sus investigadores ya que en su actividad diaria se verían obligadas a gastar importantes cantidades en traducción científica, y por lo tanto de elevado valor económico.
Y lo peor de todo sería que la brecha tecnológica que nos separa de las potencias económicas europeas crecería día a día. Los efectos no serían solo para las empresas, también para los profesionales liberales, ya que muchas empresas deberían abandonar sus actuales asesores jurídicos para trabajar con profesionales alemanes, franceses o británicos. Este aspecto también afecta a la desprotección legal de nuestras empresas en caso de litigio real o conflicto de intereses creado, dado que siempre jugaríamos en campo contrario .