Traspié jurídico para la marca Barcelona

 
La Oficina Española de Patentes y Marcas deja sin efecto la adjudicación al Ayuntamiento de Barcelona.
 
Barcelona, 14 de marzo de 2013

La marca Barcelona ha sufrido un traspié. La Oficina Española de Patentes y Marcas ha decidido reconsiderar su propia decisión del pasado mes de julio por la que atribuyó al Ayuntamiento de Barcelona la gestión de esta denominación. La decisión fue comunicada por fax el pasado día 6 de este mes.

Fuentes municipales están preparando un recurso contencioso administrativo (tienen un plazo de dos meses para hacerlo) contra esta decisión de la Oficina mientras en paralelo se solicita la suspensión cautelar. El problema, aseguran estas fuentes, “es estrictamente jurídico, no político” y confían en poder resolverlo pacíficamente con los nuevos responsables de la Oficina Española.

La primera consecuencia de esta resolución es que el Ayuntamiento no podrá, mientras no se resuelva a su favor la suspensión, adjudicar nuevos registros de la marca y tendrá que dejar en suspenso los dos primeros y por ahora únicos que había asignado a una empresa textil y a una empresa de recuerdos para turistas.

Pero en el Ayuntamiento no acaban de salir de su asombro sobre estos acontecimientos. El pasado 11 de julio la Oficina Española de Patentes y Marcas anunció su decisión de asignar la marca colectiva Barcelona al municipio. La aprobación de la petición formulada por el Ayuntamiento -el primero en España que lo conseguía- terminaba el proceso iniciado en el anterior mandato.

Nadie -con la salvedad de los viticultores catalanes con los que finalmente el Consistorio llegó a un acuerdo- presentó alegaciones en el proceso previo a la adjudicación y sólo después de concedida la marca al Ayuntamiento se presentaron dos recursos.

En teoría, ambos habían sido desestimados por silencio administrativo por la Oficina de Patentes, según aseguran fuentes municipales, extremo este que no pudo ser confirmado por nadie del organismo estatal.

En concreto, los recurrentes eran un bufete de abogados de Madrid y una compañía de peritaje de Barcelona que mantiene un contencioso con la propia Oficina y el Ayuntamiento en defensa de su marca registrada desde el 2006 y cuyo litigio está ahora en manos del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un portavoz de esta empresa ha explicado a La Vanguardia que su alegación no se opone a la concesión de la marca colectiva al Ayuntamiento y que su único propósito es defender el derecho a utilizar su propia denominación que ya estaba inscrita, primero en el registro mercantil y luego como marca mixta antes de que se le adjudicara al Ayuntamiento de Barcelona.

Lo cierto es que ahora la unidad de Recursos (que tramita los contenciosos legales) de la Oficina Española de Patentes y Marcas se ha basado en estos dos alegatos para reconsiderar su propia decisión de adjudicar la marca a Barcelona. Este fue el tenor del fax recibido el día 6 en el Ayuntamiento.

Entre la adjudicación de julio y la reconsideración de este mes media una diferencia: que el anterior director, Alberto Casado -designado por el anterior Gobierno- fue sustituido en agosto por su nueva directora, Patricia García-Escudero.

La Oficina Española argumenta ahora contra su anterior decisión de julio que se cuestionan tres principios legales: en primer lugar, que el ámbito de actuación de la marca debería ser provincial; en segundo lugar que la gestión del registro es una competencia de la Oficina, y por último -según los servicios jurídicos municipales de Barcelona, este es el argumento más correoso- el Ayuntamiento no puede adjudicar la marca de un modo genérico a todo tipo de actividades. Podría reconocérsele la potestad en algunos casos pero no en todos.

El Ayuntamiento, que ya estaba al corriente de que algo estaba pasando con la marca pocos días antes de que les fuera comunicada por fax la decisión de la Oficina ha abierto una vía de negociación en la que incluso han mediado los concejales del Partido Popular. Por ahora, estas gestiones no han derivado en un acuerdo. Sin embargo, las mismas fuentes ven posible el desbloqueo porque, insisten “es un problema jurídico para el que hay solución”.