El sector público tiene que esforzarse por buscar utilidad a su innovación y ponerla en manos de las empresas. España ha logrado tener buena ciencia pero necesita decisión política para conseguir el retorno económico.
l gasto en I+D español ascendió en 2012 a 13.392 millones de euros (1,3 por ciento del PIB), financiados en un 43,1 por ciento por el sector público, y ese mismo año los investigadores nacionales (públicos y privados) presentaron un total de 3.361 solicitudes de patentes (datos del INE), lo que sitúa al país en el noveno puesto entre los europeos, muy lejos de Alemania, Gran Bretaña y Francia. Los artículos en publicaciones científicas y técnicas internacionales firmados en 2011 por alemanes fueron 46.259; por británicos, 46.035; por franceses, 31.686, y por españoles, 22.910, según datos del Banco Mundial.
Los expertos hace años que recomiendan aumentar, o al menos mantener, el gasto nacional en I+D (bajó un 5,6 por ciento en 2012) y mejorar los lazos entre la universidad y la industria para lograr más patentes y que éstas lleguen al tejido productivo, generando creación de empresas y de empleo y aumentando la riqueza del país. Pero, ¿qué otros factores influyen en el volumen de patentes, especialmente en el sector sanitario, que es uno de los más productivos (farmacia, productos y tecnología sanitaria, biotecnología)? ¿Falta cultura de patente y de emprendeduría entre los científicos biomédicos?
Joan X. Comella, secretario general de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) y director del Valle de Hebrón Instituto de Investigación de Barcelona, explica que “hace 30 años en España nadie sabía lo que era patentar. Después se pasó a adornar los currículos con patentes académicas. Las patentes útiles son otra cosa y es el momento en el que estamos: además de patentar hay que demostrar la utilidad práctica del producto y proponerlo al mercado. Se han incrementado las patentes en España pero, ¿cuántas se han comercializado? Quizá nuestro tejido productivo no esté tampoco preparado para asumir patentes”.
GESTIONAR CONOCIMIENTO
Comella propone crear estructuras profesionalizadas de gestión específica: “El científico tiene que crear nuevo conocimiento pero no tiene por qué saber patentar. Ser empresario es algo diferente que ser investigador; un científico puede ser consejero de una empresa pero no tiene que hacer su plan de negocio. Faltan elementos de intermediación o de interfase”. ¿Propone un equipo de gestión del conocimiento en cada centro de investigación? “O uno para varios consorciados”, apunta.
En el Clínico de Barcelona, que es el hospital más destacado en producción científica en España, el Departamento de Innovación que crearon en 2006 ya ha gestionado 440 proyectos, de los cuales 200 han acabado en licencias, 57 en patentes, 10 en software registrado y 4, en spin off, según informó hace unos días, en un Una nueva ley equiparará España al ámbito internacional acto en el IESE, Josep Maria Piqué, su director general.
En la Universidad de Barcelona, que sólo en el 2013 registró 740 proyectos de colaboración con agentes socieconómicos por valor de 39,22 millones de euros, 17 solicitudes de patentes y tres empresas de base tecnológica, Enric I. Canela, vicerrector de Política Científica, cree que las cosas se pueden hacer aún mejor. Destaca, por ejemplo, que tendrían que poder hacer seguimiento de los más de 4.000 artículos que publica esta universidad al año y seleccionar los que tienen potencial aplicabilidad para gestionarlos convenientemente.
Tanto Comella como Canela ponen de ejemplo a Israel, que hace 30 años tomó la decisión política de apostar por la I+D, invirtiendo más de 50 millones de dólares aproximadamente al año. Gracias a eso, el país se ha posicionado muy arriba en el panorama internacional y las patentes logradas le están sirviendo para financiar la actividad científica actual; una sola patente relativa a un fármaco para Alzheimer le reporta 20 millones de dólares al año.
“En España ninguna universidad recibe royalties superiores a un millón de euros al año. Tenemos buena ciencia, que es lo más difícil de lograr, pero no tenemos patentes buenas, que sí es algo fácil de arreglar pero nos lo tenemos que plantear de manera seria y movilizar a todos los agentes, incluyendo la Administración y el sector privado. La contribución de la ciencia al PIB español es ahora muy baja”, apunta Comella.
Susana Sánchez-Galve, directora del Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña, una de las que más patentan, explica que son un equipo de seis personas dedicado a potenciar, comercializar y desarrollar los resultados de la investigación de los diferentes equipos científicos de la institución. Sánchez-Galve recuerda que en España se está trabajando con intensidad en la consecución de patentes desde hace veinte años, cuando los países anglosajones “llevan más de 50 y de 70 años”. A su juicio, “falta que las empresas entiendan mejor las posibilidades que les ofrecen las patentes y las universidades y demás centros científicos públicos, y que, por parte de estas, se haga un esfuerzo de acción comercial y de acercamiento a las empresas con posible interés”. Sobre el papel de los investigadores, dice que “durante su carrera pueden estar más o menos cerca del mundo de la empresas -los ingenieros son los que suelen estar más próximos-, pero necesitan apoyo para estarlo”.
Pepe Isern, abogado y socio director de Isern Patentes y Marcas, uno de los mayores agentes de la propiedad industrial e intelectual español, informa de que patentar en España cuesta como mínimo 6.500 euros, y en la Oficina Europea de Patentes, otros 4.000. Recomienda “no publicar antes de solicitar patente porque, si se hace, la patente es nula; publicar hace una daño terrible a las expectativas económicas”. También aconseja que, antes de investigar o invertir en investigación, se busque internacionalmente si hay algo similar o igual a lo que queremos llegar a patentar -“hay bases de datos privadas muy potentes para hacerlo”-; intentar comercializar o licenciar la patente lo más rápidamente posible o crear una empresa para producir y comercializar lo potentado, y, lo que es más caro, proteger las patentes.
Isern lleva tiempo defendiendo que es necesario crear un ente público o privado que gestione las patentes de forma colectiva en los ámbitos autonómico o nacional (patent troll).